En muchos procedimientos penales, especialmente en casos de violencia de género, delitos contra la libertad, amenazas o coacciones, es común que el juez imponga una medida cautelar de prohibición de comunicación entre el investigado y la víctima. Esta medida, que en un principio puede parecer sencilla, encierra una complejidad legal importante: ¿qué se entiende exactamente por “comunicación”? ¿Hasta dónde llega esta prohibición? ¿Incluye el uso de redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto?
Como abogado penalista en Alicante, recibo con frecuencia estas preguntas por parte de personas que enfrentan una orden de alejamiento o que son víctimas de un delito y necesitan saber cómo se garantiza su protección. En este artículo te explico de forma clara y actualizada cuál es el verdadero alcance de esta medida, según la legislación y la jurisprudencia más recien
¿Qué cubre la prohibición de comunicación?
La prohibición de comunicación es una medida que puede adoptarse en cualquier fase del procedimiento penal —instrucción, juicio o ejecución— y cuyo objetivo es evitar cualquier tipo de contacto directo o indirecto entre el investigado y la víctima.
Tradicionalmente, este tipo de medida incluía medios como el contacto telefónico, las cartas o las visitas personales. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología ha ampliado considerablemente los canales de comunicación disponibles, y por tanto, también el alcance de esta prohibición.
¿Se aplica también a medios tecnológicos?
Sí, y este punto es clave. Hoy en día, la mayor parte de las comunicaciones se realiza a través de plataformas digitales: WhatsApp, correo electrónico, redes sociales (Facebook, Instagram, X), mensajes de voz, llamadas por aplicaciones, incluso comentarios o reacciones en publicaciones.
Por eso, la jurisprudencia más actual y la doctrina especializada coinciden en que esta prohibición debe extenderse a todos estos mecanismos tecnológicos, aunque el juez no los mencione uno por uno en el auto.
En este sentido, el auto judicial puede establecer, de forma genérica pero clara, que se prohíbe cualquier tipo de comunicación, incluida la realizada a través de medios tecnológicos o plataformas digitales, sin necesidad de precisar cada una. Lo importante es que quede inequívocamente reflejada la intención del tribunal de impedir cualquier vía de contacto.
El profesor De Hoyos Sancho, en línea con esta interpretación, señala que:
“Tal medida puede hacer referencia a todos los medios de comunicación posibles, o bien solo a alguno de ellos; el tribunal fijará la graduación precisa”.
Esto significa que el juez tiene la potestad de delimitar el alcance de la prohibición, pudiendo referirse a todos los canales de comunicación posibles (físicos, electrónicos, digitales o virtuales), o restringirse a algunos concretos en función del caso.
En la práctica, se tiende a aplicar la medida de forma amplia, precisamente para evitar que el investigado pueda eludirla mediante canales no tradicionales.
¿Por qué es importante entender esto?
Para una persona que está siendo investigada o que ha sido víctima de un delito, comprender el verdadero alcance de la prohibición de comunicación es fundamental. Un simple “me gusta” en una publicación, un mensaje privado o una reacción aparentemente inofensiva en redes sociales puede ser interpretado como una violación de la medida cautelar, lo que conllevaría consecuencias penales adicionales.
Además, la correcta redacción del auto y su interpretación conforme a la realidad tecnológica actual son fundamentales para evitar situaciones de indefensión o incumplimientos involuntarios.
¿Necesitas ayuda?
La protección efectiva en el proceso penal exige una interpretación moderna y rigurosa de las medidas cautelares, especialmente cuando está en juego la seguridad de la víctima o el cumplimiento por parte del investigado.
📌 Si estás involucrado en un procedimiento penal y te han impuesto —o solicitado— una prohibición de comunicación, es clave que entiendas qué puedes y qué no puedes hacer. Una mala interpretación puede jugar en tu contra.
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